“Con el cebo de la mentira se pesca una carpa de verdad”

Dicen voces cercanas a la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal —según la prensa—, que el sorpresivo dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 está movido por intereses partidistas, en la lucha por el poder dentro del Partido Popular, que celebra su Congreso Nacional en unas semanas. Algunos medios apuntan hacia la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, como instigadora en las sombras de la maniobra que ha conducido a la aparente defenestración pública de Federico Trillo. Posiblemente, el principal implicado —conquistador de Perejil, muñidor de Génova e infame ministro de Defensa con sesenta y dos muertos en la inexistente conciencia— sea el que mejor sepa cuáles son el origen y fin de la trama del dictamen del Consejo de Estado, a fin de cuentas, dice su currículo que se doctoró con un trabajo sobre el “poder político en los dramas de Shakespeare” —una tesis doctoral, eso sí, con citas textuales no reconocidas en al menos 30 páginas, aunque ese es otro tema—. El caso es que, a nada que se analice con un mínimo de distancia todo lo acaecido en los últimos días sobre el caso Trillo y la tragedia del Yak-42, lo que queda es una realidad que pareciera absurda, sin sentido, por cruel e insensible, inserta en la lógica de la lucha por el poder y del funcionamiento del aparato del Estado.

El Consejo de Estado es uno de esos órganos invisibles, de difícil defensa de su funcionalidad pública, una rémora que defiende su existencia con el discurso de una agraciada sabiduría. Es “el supremo órgano consultivo del Gobierno”. Ni más, ni menos. Compuesto por lo más granado y vetusto de los altos cargos pasados de las instituciones públicas, desde el Gobierno a la Real Academia Española, cuenta con consejeros vitalicios con una remuneración superior a los cien mil euros anuales. Tales atribuciones no pueden ser en valde, es decir: el Consejo de Estado está para algo. Un algo que no tiene nada que ver con el bien del pueblo, sino con el desarrollo y equilibrio de quienes viven a costa de éste. El dictamen hace responsable al Ministerio dirigido por Federico Trillo en 2003 de la tragedia del Yak-42, pero a un mismo tiempo concluye que la responsabilidad judicial no puede ya ser ninguna. Acusa y exculpa. Pudiera parecer una victoria moral, que no judicial, para los familiares de las víctimas, y lo es, pero resulta insuficiente. Trillo, actual embajador de España en Londres, disfrutará incluso la deferencia de un cese enmascarado, dentro de un relevo masivo de embajadores. Esa es la única consecuencia política del caso.

Con todo, como en el más agrio de los giros shakesperianos, Federico Trillo parece que abandonará su retiro londinense, tras la tormenta de desprestigio, para volver a casa e incorporarse, como miembro destacado —Letrado Mayor número uno—, precisamente al Consejo de Estado. La cuadratura vergonzosa del círculo. El mismo órgano que supuestamente le defenestra será su refugio palaciego más probable. Ciertamente, el aparato estatal es una obra maestra de la venalidad. Cabe recordar a Polonio: “Con el cebo de la mentira se pesca una carpa de verdad”.

8 de enero, 2017

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