Tarajal, otro crimen impune

Jueves, 6 de febrero de 2014. Playa del Tarajal, Ceuta, frontera entre Marruecos y España. Un grupo de unas doscientas personas se mueve a eso de las siete de la mañana hacia el espigón que delimita las aguas entre los dos países, tratan de cruzar a nado la frontera y entrar en España. A las ocho menos veinte, desde la punta del espigón, agentes de la Guardia Civil comienzan a disparar material antidisturbios a los hombres que están en el agua. El pánico cunde entre ellos, especialmente entre quienes apenas saben nadar. Llevan atadas botellas o un neumático a la cintura, salvavidas artesanales. Desde el espigón, sobre el tumulto de hombres en el agua, la Guardia Civil lanza un bote de humo. En la zona hay también gendarmes marroquíes, por las radios de la Guardia Civil se pide precaución para no herir a los militares del país vecino. Un pequeño grupo de subsaharianos consiguen doblar el extremo del espigón y llegar a aguas españolas. La Guardia Civil se despliega a lo largo de la playa, desde el espigón vuelve a lanzarse otro bote de humo a zona marroquí. Varios hombres ya se han ahogado. Los que han conseguido pisar arena española han visto morir a sus compañeros e increpan a la Guardia Civil, desesperados. Las leyes nacionales e internacionales reconocen el derecho a que toda persona sea atendida y pueda justificar el motivo de su entrada en un país extranjero, desde el mismo momento en que pone un pie en él, pero en la playa del Tarajal, aquel 6 de febrero, la Guardia Civil se dispone a proceder a lo que se conoce como ‘devolución en caliente’, que es devolver de manera inmediata y contra la ley a los inmigrantes al otro lado de la frontera española. Ese día ocurre con los supervivientes, y también con los fallecidos. Los cadáveres que el mar deja en suelo español son trasladados al otro lado de la valla, con terrorífica naturalidad. Quince personas mueren ahogadas. Hasta aquí, muy sucintamente, los hechos.

A continuación, las mentiras. La misma jornada y los días posteriores a la tragedia, la Delegación del Gobierno de Ceuta, la Dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior del Gobierno de España, ofrece un comunicado detrás de otro, cada cual diferente, la versión oficial va mutando según se conocen los diferentes testimonios y pruebas gráficas de lo sucedido. Se dijo que “las fuerzas de seguridad españolas no han tenido que actuar para nada”. Que no había cámaras instaladas en ninguno de los puntos de la frontera donde se produjeron los incidentes. Que no se lanzaron pelotas de goma al agua. Que no hubo contacto físico entre los inmigrantes y la Guardia Civil. Y finalmente que, en todo caso, “la respuesta de los agentes fue provocada por la actitud beligerante de los atacantes”.

La filtración de vídeos grabados por vecinos de la zona desde las terrazas de pisos cercanos comienza a poner en evidencia, a los pocos días, la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y las mentiras del Gobierno para ocultar la verdad de los hechos. El día 21 de febrero, el Ministerio se ve obligado a colgar el video completo de esas cámaras que no existían, y que confirman la criminal actuación de la Guardia Civil. Ante el escándalo el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparece en el Congreso para dar explicaciones. Un año después, dieciséis guardias civiles fueron imputados por los hechos del 6 de febrero de 2014, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento, como mandos que dieron la orden de disparar los materiales antidisturbios a los hombres que se encontraban en el agua. En octubre de 2015, veinte meses después del ahogamiento de los quince subsaharianos, la jueza María del Carmen Serván archivó el caso. El auto recoge la siguiente justificación para decretar el sobreseimiento de la causa, y exonerar de toda responsabilidad a los agentes españoles, y en consecuencia a su gobierno: “Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”.

La culpa la tuvieron ellos, vino a decir la jueza, los desesperados, los hambrientos. ¿Qué se podía esperar? En Tarajal se ahogaron quince hombres el 6 de febrero de 2014, asesinados. Digámoslo nosotros. Asesinados por la Guardia Civil con el consentimiento y la protección del Gobierno español. Son miles los ahogados en el Mediterráneo, por todo el sur de las costas europeas. Tarajal, Lampedusa, Lesbos. Digámoslo, aunque sea delito. Basta ya de ‘presuntos’. Que no ahogue también la verdad.

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