La vergonzosa muerte de la CUP

Las elecciones del 27 de septiembre en Catalunya, planteadas por una parte como una suerte de referendo independentista, dejaron una primera conclusión clara: las fuerzas del independentismo no contaban con una mayoría social suficiente. Fue el primer varapalo para la derecha nacionalista, Convergencia Democrática de Catalunya, en tanto líderes del proceso. El segundo revés no tardaría en llegar, y lo haría de manera alargada: la oposición de la CUP —que había obtenido 10 diputados— a investir a Artur Mas como President, y otorgar al proceso la mayoría parlamentaria que no había logrado en la urnas. Durante más de tres meses las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP ha ofrecido uno de los espectáculos políticos más rocambolescos y, finalmente, clarificadores de lo que es y significa la política institucional en todas las partes del estado.

En la tarde del sábado 9 de enero, al límite de los plazos legales para evitar nueva convocatoria electoral, Artur Mas comparecía para anunciar que renunciaba—se echaba “a un lado”— a ser el próximo President de la Generalitat. En su lugar figuraría un hombre de su partido, de su máxima confianza, el actual alcalde de Girona, Carles Puigdemont. El anuncio iba acompañado de la publicación del acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP que había permitido convencer a Mas de tan “dolorosa decisión”. Si la alocución del presidente en funciones rayó lo mesiánico, el contenido referido a la otra parte contratante se instaló indefectiblemente en lo patético. El acuerdo de investidura entre JpS y la CUP constituye, posiblemente, el mayor harakiri que se le recuerde a un partido político en mucho, mucho tiempo. Una pregunta asombrada se hizo viral entre la opinión pública: ¿cómo ha podido firmar la CUP semejante humillación?

Tras la surrealista asamblea del empate a 1515 votos, la CUP decidió resolver el entuerto con pragmatismo salomónico: nos cargamos a Mas, y luego nos suicidamos. Y que salga el sol por donde quiera. El problema es que el tiro a Mas se lo han pegado en el pie —a lo sumo—, pero ellos se han apuntado con acierto en el corazón. El texto del acuerdo se compone de 5 puntos, cada cual más hiriente y vergonzoso para la formación “anticapitalista”. Asumen investir a la persona “que el actual presidente proponga”. Le ceden al grupo parlamentario de Junts pel Sí dos de sus diputados —¡!—, en un caso clamoroso de transfuguismo institucionalizado y normalizado, paroxismo del grado de vulneración democrática al que ha llegado el sistema. Y por si había dudas, firman una vergonzosa disculpa en la actitud mantenida estos tres meses, reconociendo “errores en la beligerancia expresada hacia Junts pel Sí”. Solo les ha faltado rezar un Padre Nuestro.

De esta manera, lo que en un momento pudo llegar a parecer imposible, se vuelve a a hacer realidad: la enésima recuperación de Convergencia —otrora simplemente nacionalista, en la actualidad independentista— y la aparición por un aparente margen izquierdo de un balón de oxígeno que permita seguir gobernando al bloque de poder tradicional. Para la CUP, que en su manifiesto de presentación se dice “socialista”, es decir, “anticapitalista”, parece ser que el principio que prima es la independencia, muy por encima de cualquier otro, a juzgar por el sacrificio firmado el 9 de enero y por el apoyo otorgado a un nuevo gobierno de derechas. Cabe preguntarse —y a buen seguro muchos de los militantes y votantes de la CUP lo estén haciendo— ¿qué tipo de república y qué independencia es posible de la mano de la misma burguesía que explota y recorta derechos al pueblo catalán?

Lo que la CUP ha firmado no es un acuerdo para lograr la independencia catalana en 18 meses, sino un contrato de reforma para apuntalar un edificio moribundo. Los pueblos tienen derecho a decidir, eso es innegable. Pero en Catalunya, como en España, la independencia fundamental para los pueblos no es primero una cuestión nacional, sino de clase.

10 de enero, 2016.

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