Ley Mordaza, o cuando vinieron a por nosotros

El 3 de febrero de 2015 se vivió en Madrid uno de los sucesos más habituales de los últimos años: la policía obligando a salir de su casa a una familia por mandato de un juez en favor de un banco. A Jessica y Eduardo, padres de dos niños, aquella mañana de febrero la policía les sacaba de su casa, por segunda vez en menos de un año. Ocurría en el barrio de Tetuán. Un nutrido grupo de activistas sociales se congregaron para tratar de impedirlo, pero no pudieron. Entre ellos se encontraba la periodista Alicia Armesto, que venía de cubrir otro desahucio en Carabanchel. Alicia fotografió a uno de los policías nacionales riéndose, mientras Jessica lloraba inconsolablemente. Publicó la fotografía en su cuenta de twitter. Unos días después, le llegaba una denuncia, acusándola de “vejación injusta” por haber fotografiado y difundido la obscenidad de aquel agente. Marca España.

Así están las cosas. Y, la verdad, no podemos sorprendernos. La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en 2015, no viene, realmente, a cambiar radicalmente el panorama, sino a continuar lo emprendido y llevado a cabo desde hace años. Es una vuelta de tuerca más, después de muchas otras. No digamos que no lo vimos venir. Porque esta nueva ley, conocida como “Ley Mordaza”, se superpone a la normativa de 1992, también llamada por otro sugerente apelativo: “Ley de la patada en la puerta”, impulsada por el “socialista” Corcuera.

ley_mordaza_disoCarga durante un desahucio en Lavapies (Madrid) / Foto: Álvaro Minguito/Disopress.

El resumen del nuevo giro represivo de la legislación española está ampliamente divulgado: multas de hasta 600000 euros por convocatorias y manifestaciones no comunicadas o legalizadas y que —según el criterio policial— pongan en riesgo la seguridad pública; multas de hasta 30000 euros por “obstrucción” a “cualquier autoridad”, por ejemplo, tratar de impedir pacíficamente un desahucio; y multas de hasta 600 euros por “faltas de respeto y consideración” —según, por supuesto, también del criterio de la policía— a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tres supuestos que son solo el mínimo ejemplo. En definitiva, el incremento de las penas y sanciones por practicar el ejercicio de los derechos democráticos más fundamentales, puesto en tela de juicio por numerosas organizaciones e instituciones internacionales, desde ONGs hasta el New York Times, incluyendo a la misma ONU. De entre todos los artículos y compendios para conocer el alcance de las nuevas medidas, en vigor desde el 1 de julio de 2015, recomiendo por su claridad y completez el texto de Maria Navarro en CTXT: Ley Mordaza, instrucciones de uso.

Presentar una ley que conculca derechos democráticos básicos como garante de la “seguridad ciudadana” resulta tan obsceno en su cinismo como llamar “escudo antimisiles” a un dispositivo, precisamente, de lanzamiento de misiles. Pero tampoco es nada nuevo, de hecho, es una vieja tradición que viene del franquismo —es decir, legada por los padres fundadores de la democracia…—. En 1971, la modificación de la “Ley de Orden Público” de 1959 incluía el excusado de que cuanto hiciera la policía y otros órganos de la dictadura en materia de legislación social era en garantía de la “seguridad ciudadana”. El 20 de diciembre de 1979, el Congreso aprobó, por un solo voto de diferencia, el “Decreto-Ley de seguridad ciudadana”, más conocido como “Ley Antiterrorista”. Luego vinieron los GAL. Y en 1988, la “Ley 4/1988”, que daba plenos poderes al Ministerio del Interior para “incomunicar” a un sospechoso sin necesidad ni conocimiento de autoridad judicial alguna. 

No nos deberíamos extrañar de la actual “Ley Mordaza”. Porque después de la “Ley Corcuera” o “de patada en la puerta”, se volvió a legislar para que la Audiencia Nacional pudiera juzgar a menores de edad por disturbios callejeros y condenarlos por terrorismo, y porque luego vino la “Ley de Partidos”, que ilegalizó a toda organización abertzale y de izquierdas en el País Vasco, pero que no tocó a ni uno de los partidos de extrema derecha y nazi-fascistas del resto del Estado. Y después, hace nada, vinieron las reformas laborales, la de Zapatero y la de Rajoy, para desmembrar lo poco que quedaba de fuerza colectiva en el movimiento obrero. ¿Nos podemos extrañar, entonces, de la actual “Ley Mordaza”? Y ya no solo por su lógica represiva en el contexto de auge de la movilización popular.

El creciente descontento y organización de base, a causa de la crisis general del sistema, ha obligado a la oligarquía del país a dar una nueva vuelta de tuerca en su dominación, que ya solo puede ser más y más represiva. Eso nos debería dar una pista sobre las posibilidades de salida de la crisis dentro de los parámetros del actual sistema socioeconómico. 

Después de tres huelgas generales, completamente pacíficas, el saldo de encausados fue de 260 personas. Dos semanas antes de entrar en vigor la “Ley Mordaza”, entra en prisión el primero de estos encausados, el joven Alfonso Fernández —conocido popularmente como Alfon—. Su caso es paradigmático de hasta qué punto todos los derechos fundamentales pueden ser papel mojado: se le ha condenado sin la presentación de una sola prueba material en su contra, dando por válido únicamente el testimonio de los agentes policiales que le detuvieron, presuntamente, portando un artefacto explosivo en el que no se ha encontrado ni una sola huella del acusado y sobre el que se vio rota la cadena de custodia. La palabra de los policías ha valido para encarcelarle, y así dar un aviso a todos aquellos que decidan protestar incluso en defensa de sus derechos más fundamentales: no ser tratados como esclavos en el trabajo, o que un banco les quite la casa.

Hay un problema tan grande como la propia “Ley Mordaza” en sí misma: que no hayamos visto lo que venía, hasta que llegó a por nosotros. Recuerda un poco al famoso poema de Martin Niemöller, aquel que decía: “Primero vinieron a por los comunistas, pero yo no dije nada, porque no era comunista. Luego vinieron a por los sindicalistas, pero yo no dije nada, porque no era sindicalista. Luego vinieron a por los judíos, pero no dije nada, porque yo no era judío. Cuando al fin vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que dijera nada”. 

Creo que nos ha pasado lo mismo. No se supo ver —porque se camufló muy acertadamente— el carácter de clase del Estado y su cometido represivo. Han sido años de mirar para otro lado con lo que estaba ocurriendo aquí mismo, porque en este país se han estado dando patadas en las puertas desde el minuto uno de la “modélica” Transición. 

También creo que se está a tiempo de hacer algo para remediarlo, aunque, me temo… tendrá que ser bastante más que una batucada. Y venciendo el miedo a que la “seguridad ciudadana” del Estado caiga sobre nosotros.

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