México y los 43 normalistas: la crisis del Estado de las matanzas

Desde el pasado 26 de septiembre de 2014 en todos los pueblos y ciudades de México se escucha un grito doliente y furioso: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. En España se tradujo, en un primer momento, en titulares de difícil comprensión, que se referían a la desaparición y al posible asesinato de 43 normalistas –estudiantes de magisterio–; dichos titulares avanzaron centrando su atención en el siniestro matrimonio que componían el alcalde de Iguala y su esposa, como organizadores del crimen, en fuga y finalmente detenidos. El viernes 7 de noviembre la noticia tomaba un cuerpo más desarrollado, las autoridades mexicanas comparecían para hacer público y oficial el hallazgo de los posibles cadáveres de los 43 normalistas.

méxico-manifestacion-zócalo-foto-omar-torres-afpManifestación en México DF / Foto: Omar Torres/AFP.

Estos maestros en ciernes, que se preparan en las Escuelas Normales Rurales de México –de ahí su nombre– arrastran una larga tradición de lucha en favor de la educación pública de su país, especialmente en las zonas rurales, desde los mismos orígenes de la Revolución de 1910-1917. En septiembre de 2013 el Senado mexicano aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente, una polémica normativa que introducía reformas al sistema público de enseñanza; el sector docente, en activo y en ciernes, la interpretó como fuertemente regresiva. Las movilizaciones no se hicieron esperar y fueron multitudinarias por todo el país.

Es en este contexto en el que desaparecen, el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. En el año transcurrido desde la desaparición, uno de los lemas recurrentes ha sido: “Fue el Estado”. Meses en los que el pueblo mexicano salió a las calles de forma masiva, en las que la respuesta a las instituciones –acusadas como máximas responsables del crimen brutal sobre los normalistas– fue de una creciente organización y unidad de acción entre los distintos sectores del pueblo. Hechos que ponen de manifiesto la descomposición y grave crisis del Estado mexicano, entre los que el caso de los normalistas de Ayotzinapa no es sino la punta del iceberg de la profunda brutalidad de un aparato estatal configurado –desde siempre– como herramienta de la más brutal explotación del pueblo, y la enésima masacre que aterriza sobre el lamentable papel mojado de los libros de Historia.

El Estado mexicano está inmerso a día de hoy en una abisal crisis que lo conduce –al parecer, inexorablemente– hacia formas aún más brutales de ejercer sus funciones. Un Estado ya irreversiblemente sostenido por la acción coordinada de sus instituciones oficiales –judiciales, militares, policíacas, políticas y administrativas– con un aparato clandestino –crimen organizado, narcotráfico, fuerzas paramilitares y parapoliciales de todo tipo–. Un Estado altamente corporativo en el que el currículo de masacres pertrechadas sobre obreros, campesinos y estudiantes desde hace décadas es un cruento argumento de esta naturaleza y esta deriva, que alcanza actualmente su paroxismo.

México-fue-el-estado-reclamaron-los-manifestantes-por-la-desaparicin-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapaManifestación en el Zócalo, México DF.

La matanza de Atoyac, 18 de mayo de 1967

La Sociedad de Padres de Familia del pueblo de Atoyac, en el estado de Guerrero, inician en la primavera de 1967 un movimiento de denuncia e insumisión contra las directrices emanadas de la dirección de la Escuela Primaria “Juan N. Álvarez”, que exigía un pago de cuotas e inscripciones y la compra del material que la directora del centro vendía en exclusividad. El movimiento, en una zona de fuerte implantación comunista, genera una organización democrática y popular de solidaridad que suma fuerzas. Se convoca un mitin público para el día 18 de mayo. En el transcurso del evento irrumpe el comandante de la policía judicial armado de una ametralladora, negándole la palabra al orador. Ante la queja de los concurrentes, el mando policial abre fuego, que secundan el resto de ametralladoras a su cargo. El Estado se cobra las vidas de cuatro padres, una mujer embrazada de ocho meses y un niño.

La matanza de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968

En el año de las Olimpiadas de México tiene lugar una sostenida movilización universitaria que encuentra compañía en grandes sectores populares, contra las políticas de un gobierno de autoritaria impronta. Serán meses de manifestaciones multitudinarias y de huelgas estudiantiles. Hasta el 2 de octubre –solo diez días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos– cuando, con los campus universitarios ya intervenidos desde el mes anterior directamente por el ejército, se convoca una nueva concentración en la Plaza de las Tres Culturas, también conocida como Plaza Tlatelolco. Se congregan miles de estudiantes, a los que se suman numerosas mujeres con niños en brazos y contingentes de obreros. En un momento dado, el encendido de una bengala sirve como toque de corneta para que el ejército y policías de paisano identificados entre ellos con pañuelos blancos abran fuego sobre la multitud, desde todos los accesos a la plaza. Más de media hora de disparos de pistola y fusil y de tableteo de ametralladoras provenientes de todos los puntos cardinales. La cifra de asesinados a quemarropa se acerca a los 400.

La masacre del Jueves de Corpus, 10 de junio de 1971

En 1970, con el inicio del sexenio del presidente Luís Echeverría Álvarez, se inicia un nuevo ciclo de movilizaciones estudiantiles, que parte esta vez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero que pronto encuentra continuidad en la Universidad Autónoma Nacional de México y en el Instituto Politécnico Nacional. El 10 de junio de 1971 es convocada una manifestación en Ciudad de México. Las avenidas por donde ha de discurrir se presentan tomadas por policía y ejército; pero hay un grupo más a orden del gobierno, que pretende pasar desapercibido: una fuerza de choque secreta conocida como “Los Halcones”. El grupo paramilitar –del que en un inicio se niega su existencia y participación en la masacre del día 10 de junio, hasta que las innumerables pruebas gráficas obligan a que el gobierno reconozca su decisiva implicación– ha sido formado y entrenado por la Dirección Federal de Seguridad con apoyo de la CIA, a raíz de los sucesos de 1968, compuesto por veteranos del ejército en Tlatelolco, policías y elementos criminales contratados a sueldo. El 10 de junio, tras hacer irrupción en la manifestación descendiendo de camiones, desatan una balacera y persecución que alcanza hasta las instalaciones médicas donde eran atendidos los heridos, a varios de ellos se les ejecuta en el mismo quirófano. El saldo de asesinados supera el centenar.

La matanza de Aguas Blancas, 28 de junio 1995

El 24 de mayo de 1995 fue visto por última vez Gilberto Romero, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en el estado de Guerrero. Un mes después, decenas de campesinos compañeros del desaparecido se dirigen al municipio de Atoyac de Álvarez para manifestarse y exigir la reaparición con vida de Gilberto. Jamás llegaron a su destino. Los camiones que trasladan a los cerca de cuarenta campesinos son detenidos en un vado de río cercano al pueblo de Aguas Blancas. Un contingente de 400 policías les espera expresamente. La emboscada había sido planificada por el mismo gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, contando con los principales cargos de la policía del estado. El saldo: 17 campesinos asesinados, otros 21 heridos.

La masacre de El Charco, 7 de junio de 1998

En la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez” de El Charco, en el estado de Guerrero, el 7 de junio de 1998 quedaron haciendo noche un grupo de personas pertenecientes a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, que habían mantenido una asamblea para decidir su intervención en una serie de proyectos y problemáticas comunitarias –desde la producción y siembra de aguacate y café a la alfabetización de los habitantes de la zona–. De madrugada, un grupo de militares del ejército mexicano encabezados por el general Alfredo Oropeza Garnica, sin mediar más que insultos, abren fuego contra los indígenas que duermen en la escuela. Mueren 11 personas, 5 resultan heridas, entre ellas un niño de 7 años. Quedan bajo arresto otras veintidós.

México-La Asamblea en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa. SAÚL RUIZLa Asamblea en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa / Foto: Saúl Ruiz.

Conclusión. La historia del Estado mexicano a través de sus matanzas

Puede escribirse la historia del Estado mexicano en esta fase última del capitalismo a través de las masacres que ha generado su complejo aparato. Las mencionadas son solo algunas de ellas, a las que tristemente viene a sumarse la de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las comunidades indígenas, los estudiantes, el campesinado, la clase obrera y todo el pueblo mexicano lleva décadas padeciendo la brutalidad de un Estado que cada vez tiene menos margen para ocultar su naturaleza. El Estado mexicano es uno de los casos más extremos, en la actualidad, de corrupción, venalidad, paramilitarismo, tendencia acelerada hacia el fascismo en sus funciones, y dependencia de las empresas monopolistas nacionales y transnacionales.

El movimiento popular que floreció en México como repulsa al caso de los normalistas viene a poner contra las cuerdas a un Estado en profunda crisis, y a evidenciar el carácter de clase del mismo. A buen seguro corran malos tiempos de aquí en adelante para los sectores y organizaciones más combativas de México. Pero también es cierto que la experiencia histórica les indica la forma de enfrentar un abanico de amenazas estatales que afecta a la sociedad en su conjunto. Una táctica basada en la más férrea unión popular, una movilización articuladora que otorgue a las formas organizativas propias del pueblo el papel director de su destino, un destino que tiene como primera responsabilidad acometer la lucha contra el Estado de los monopolios, de los narcos y de las masacres populares.

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